Paloma
López y Toni Ferrer, secretarios confederales de Empleo y Migraciones de CCOO y
de Acción Sindical de UGT han enviado al director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social las observaciones de ambos sindicatos al anteproyecto,
en el que critican que el anteproyecto se centre en el control de los
perceptores de las prestaciones por desempleo, en lugar de hacerlo en la lucha
contra la economía irregular y el empleo sumergido.
CCOO
y UGT ponen de manifiesto en las observaciones la necesidad de no centrar la
lucha contra el fraude sobre los perceptores de la prestación por desempleo, y
sí encaminarlo al control del trabajo de los extranjeros sin autorización, la
falta de inscripción de las empresas a la Seguridad Social, la falta de
afiliación o alta de los trabajadores en la Seguridad Social, la no
compatibilidad del trabajo con una prestación de la Seguridad Social, en
definitiva, en la introducción de elementos contra la economía irregular y el
empleo sumergido.
CCOO y UGT exponen también la necesidad de continuar con el desarrollo de los Planes integrados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Observatorio contra el Fraude, el Plan de acción sobre empresas ficticias, el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, el control de conductas que tienen consecuencias directas en los trabajadores y que merman sus derechos e incluso incurren en prácticas delictivas, en la afectación de las condiciones de vida y de trabajo y la precarización de las relaciones laborales.
Ambos sindicatos consideran que no se cumple uno de los objetivos prioritarios del Plan de medidas de lucha contra el fraude en el desarrollo de los preceptos incluidos en el Anteproyecto que ahora se informa, como es la acción contra comportamientos que atentan contra derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.
Por último, CCOO y UGT denuncian que para la elaboración del Plan no se ha contado con las organizaciones legitimadas que representan los distintos intereses afectados.
CCOO y UGT exponen también la necesidad de continuar con el desarrollo de los Planes integrados de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Observatorio contra el Fraude, el Plan de acción sobre empresas ficticias, el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, el control de conductas que tienen consecuencias directas en los trabajadores y que merman sus derechos e incluso incurren en prácticas delictivas, en la afectación de las condiciones de vida y de trabajo y la precarización de las relaciones laborales.
Ambos sindicatos consideran que no se cumple uno de los objetivos prioritarios del Plan de medidas de lucha contra el fraude en el desarrollo de los preceptos incluidos en el Anteproyecto que ahora se informa, como es la acción contra comportamientos que atentan contra derechos de los trabajadores y que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.
Por último, CCOO y UGT denuncian que para la elaboración del Plan no se ha contado con las organizaciones legitimadas que representan los distintos intereses afectados.
